ACTUALIDAD

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU (Visocan) va a incorporar la utilización del derecho de superficie a su catálogo de estrategias orientadas a incrementar la oferta de vivienda protegida en las Islas con el fin de dar respuesta a la actual necesidad que tienen muchas familias canarias de tener un hogar.

Si bien la semana pasada, Visocan publicó en la Plataforma de Contratación Pública un nuevo concurso “llave en mano” para impulsar la finalización de obras inacabadas que puedan contribuir a poner en el mercado casas a precios asequibles; ahora trabaja en la puesta en marcha de un modelo, que se implementaría por primera vez en las Islas, y que consiste en la cesión del suelo que tiene disponible para que sea la iniciativa privada la que construya y gestione estos inmuebles.

Así lo anunció, el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, durante la celebración en Santa Cruz de Tenerife de las segundas Jornadas Profesionales de Visocan “Proyectando Canarias”. En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y presidente del Consejo de Administración de Visocan, Pablo Rodríguez, apuntó que el Ejecutivo impulsa el derecho de superficie como fórmula para incrementar la oferta de vivienda en el mercado y hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago. 

“Se trata de desarrollar el mayor número de iniciativas posible que nos permitan multiplicar los instrumentos para consolidar el parque público y garantizar a las generaciones presentes y futuras el derecho de acceso a la vivienda”, destacó Rodríguez, para luego dejar claro que “el derecho de superficie permitirá que el Gobierno, a través de Visocan, pueda poner a disposición de los operadores privados un suelo, durante un periodo de tiempo, para construir viviendas que, posteriormente, se pondrán en el mercado en alquiler asequible. Se trata de un mecanismo consolidado, que ofrece garantías, y que ya se ha puesto en práctica en otras comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia”.

Precisamente, la segunda edición de estas jornadas profesionales contó con la participación del viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid, José María García Gómez, quien participó junto con Pablo Rodríguez, Agustín Fernández, y el consejero delegado de Serviland, Ernesto Tarazona, en una mesa de debate moderada por la directora de Prisa Media en Canarias, Lourdes Santana.

García Gómez compartió durante su intervención la experiencia que en la utilización de esta herramienta ha tenido su región a través del Plan VIVE Madrid. García Gómez precisó que se trata de “un modelo novedoso que prima la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación” y que, además de generar empleo y actividad económica, fija alquileres un 40% por debajo del precio de mercado.

Derecho de superficie

El derecho de superficie es una figura jurídica, que ya se ha utilizado con éxito en otras Comunidades Autónomas, y que permite a Visocan ceder a empresas privadas el suelo del que es titular por un plazo de hasta 75 años, para que estas construyan y gestionen vivienda privada protegida en régimen de alquiler asequible. De esta forma, se puede lograr incrementar el parque de viviendas asequibles en las Islas sin necesidad de que el sector público recurra a financiación externa; pues es la empresa privada la que invierte en la construcción y gestión. Al final de la concesión, el suelo y el inmueble revierten de nuevo a la Administración.

“Se trata de poner en marcha una primera experiencia con el objetivo de colocar en el mercado de alquiler asequible un total de 560 viviendas”, subraya Fernández, para luego hacer hincapié en que desde Visocan “queremos aumentar la oferta de viviendas protegidas y que los canarios puedan beneficiarse de alquileres más bajos, facilitando así el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras”.

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) ha publicado esta semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público un nuevo concurso para la adquisición de inmuebles inacabados de cara a la reanudación de obras con el fin de destinarlos a viviendas privadas protegidas en régimen de alquiler asequible bajo la modalidad “llave en mano”, así como para el alojamiento temporal de familias que se encuentren en situaciones excepcionales de exclusión habitacional.

Según los informes preliminares realizados por esta empresa pública, en las Islas se estima que hay unos 9.000 inmuebles susceptibles de ser transformados en viviendas privadas protegidas; por lo que este tipo de acciones orientadas a su recuperación resultan cruciales en la actual situación habitacional que atraviesa el Archipiélago.

La reactivación de obras inacabadas evita consumir más suelo, un bien especialmente escaso en un archipiélago como el canario; mejora la calidad de los entornos urbanos, pues las obras paradas tienen una alta probabilidad de convertirse en focos de peligrosidad y delincuencia y, en tercer lugar, acelera la velocidad con la que se pueden colocar esas viviendas en alquiler, pues no solo están avanzados los trabajos de edificación, sino que también cuentan con todos los permisos y licencias administrativas necesarios.

En la redacción de este pliego de condiciones, que cuenta con un presupuesto inicial de 9 millones de euros que podrá ampliarse, se ha contemplado la situación actual de las diferentes islas y prioriza la recuperación de inmuebles en El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. En un segundo término, también potencia la creación de vivienda protegida en aquellos municipios de Gran Canaria y Tenerife en los que Visocan no haya comprado vivienda en los últimos años. El caso de La Palma no se ha incluido en este concurso, ya que en esta isla se ha seguido un procedimiento especial como consecuencia de la emergencia habitacional provocada por la erupción volcánica.

Precio y plazo

Además, del criterio territorial, se contemplan otras valoraciones objetivas como el precio, el plazo de ejecución, el estado de avance de la obra, el periodo de garantía, la antigüedad del inmueble y la certificación energética de este una vez acabado.

Según se establece también en el citado pliego de condiciones, las sociedades que quieran participar en esta convocatoria, cuya dotación presupuestaria inicial podrá ampliarse, tendrán 26 días para presentar sus ofertas; mientras que la empresa pública contará con un plazo máximo de dos meses para su adjudicación.

Gracias también a este concurso público, se elaborará un listado de promociones baremado y ordenado de forma objetiva con las mejores ofertas; que se irán comprando bajo la modalidad “llave en mano” e incorporando a la cartera de viviendas privadas protegidas en régimen de alquiler asequible de la que dispone Visocan.

El experto en sector inmobiliario Javier Terán se ha incorporado esta semana al equipo de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) en calidad de director gerente, puesto que en los últimos meses ha ocupado de manera interina la directora financiera de la sociedad, Ana Brito.

Este nombramiento viene a reforzar e impulsar de manera decisiva una nueva etapa que inicia esta empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias y que pivota en torno a cuatro ejes estratégicos: la fortaleza financiera, la excelencia en el servicio, la transformación digital y el desarrollo del talento de su equipo humano como valor fundamental.

Javier Terán cuenta en su haber profesional con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, principalmente en el desarrollo de promociones, gestión de carteras y búsqueda, captación y comercialización de inmuebles. Habilidades que ha desarrollado a lo largo de su extensa trayectoria desde diferentes puestos de responsabilidad en compañías nacionales e internacionales.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares (CEU); y de su extenso currículum académico podemos destacar, además, que se ha formado en Dirección Inmobiliaria en el IE Business School; y en Práctica Jurídica, en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (VISOCAN) del Gobierno autonómico estima invertir 2,8 millones de euros en la compra de un edificio de 26 unidades habitacionales y garajes en Agaete, cuya construcción quedó paralizada como consecuencia de la crisis de 2008 y que se ha podido reanudar gracias al concurso público de adquisición de viviendas inacabadas realizado por esta sociedad.

Estas viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, se incorporarán al parque privado en régimen de alquiler asequible que gestiona VISOCAN una vez que se formalice en escritura pública la compraventa del inmueble, previsiblemente, a finales de abril. Esta adquisición se hará bajo la modalidad “llave en mano” después de que la empresa vendedora y promotora de la obra, Gratec SA, resultara adjudicataria de un concurso público convocado por VISOCAN en 2022.

En el pliego de este procedimiento se establece que la empresa adjudicataria, además de finalizar la obra (que estaba al 95% de ejecución), se hará cargo de la gestión de todos los trámites administrativos necesarios para la primera ocupación y puesta en servicio inmediata del inmueble.

Por su parte, VISOCAN supervisa la correcta finalización de los trabajos a fin de que estas 26 viviendas, con sus respectivas plazas de garaje, cumplan todos los requisitos necesarios para poder integrarse en el mercado de vivienda protegida.

El Cabildo de La Gomera y la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) han adquirido un edificio en el casco de Vallehermoso para su adecuación y puesta a disposición con el objetivo de incorporar ocho viviendas protegidas en régimen de alquiler. Se trata de una de las medidas previstas en el convenio suscrito entre ambas partes, en el que también participa el Ayuntamiento de Vallehermoso.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, precisó que este nuevo paso en el cumplimiento de los propósitos establecidos en el marco de colaboración con VISOCAN facilitará el acceso a la vivienda en los seis municipios, a través de la cooperación de los ayuntamientos. En este caso, precisó que se trata de adquirir edificaciones inacabadas o sin uso para posibilitar que se conviertan en un hogar para familias que demanden una casa en esta zona de la isla.

Destacó que el Cabildo insular fue la primera administración pública en dotarse de un convenio de estas características para el que se han destinado cinco millones de eurosPor su parte, VISOCAN supervisa la correcta finalización de los trabajos a fin de que estas 26 viviendas, con sus respectivas plazas de garaje, cumplan todos los requisitos necesarios para poder integrarse en el mercado de vivienda protegida.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias quiere “dar un vuelco a la política de vivienda” que se desarrolla en las Islas para lograr que todos los canarios tengan acceso a una vivienda. Así lo ha afirmado el consejero del área, Pablo Rodríguez Valido, durante su intervención en las primeras Jornadas Profesionales de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema “Proyectando Canarias” y que han logrado reunir a un centenar de representantes de instituciones públicas, entidades financieras, empresas constructoras e inmobiliarias del Archipiélago.    

Durante su intervención en este foro dedicado al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y que nace con vocación de convertirse en un referente de debate en el sector, Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo está velando, desde el primer momento, por el derecho de acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias, para que todos y todas tengan acceso a ella en condiciones de igualdad. “Precisamente, este es uno de nuestros grandes retos para esta legislatura, una de nuestras prioridades, porque la vivienda es un derecho fundamental por el que debemos velar, y para el que asumimos toda la responsabilidad”.

Las dos promociones de sendos edificios de 50 viviendas cada uno que la empresa pública Viviendas e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) lleva a cabo en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, y que implica una inversión de más de 11 millones de euros, avanzan satisfactoriamente. De hecho, una de ellas acaba de completar la construcción de su estructura, lo que supone un importante hito del proyecto y marca el inicio de los trabajos de instalaciones de agua y luz, albañilería y acabados.

Esta mañana visitaron los trabajos de esta última promoción el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; y la consejera insular de Vivienda de esta misma institución, Sonia Hernández.

El nuevo Consejo de Administración de la empresa pública Vivienda Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) ha quedado constituído bajo la presidencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y con la incorporación de representantes de la patronal del sector de la construcción con el objetivo de impulsar de manera definitiva la colaboración público-privada en la construcción de viviendas protegidas.

En concreto, ha tomado posesión como vicepresidenta de este organismo la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil. Al tiempo que se ha elevado la propuesta para que la próxima semana se incorpore, como vocal de la misma, el secretario de la Junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), Isidro Tomás Martín.